por jimo 4th Febrero 2014, 13:54Algún especialista ya estará diciendo que ahora no se dice “adolescentes infractores” sino “adolescentes en problemas con la ley”, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo: esos casi niños entre 12 y 17 años que cometen delitos, que tienen “mala conducta”, actos que ya no pueden ser considerados “travesuras”.
¿Qué hace una madre cuando sospecha o sabe que su hijo anda “en malos pasos”? ¿Qué hace si empieza a ver objetos en su casa que no han sido comprados por los padres? En un primer momento puede obligar al chico a confesar y devolverlo, para que sepa que los actos tienen consecuencias. Es lo adecuado. ¡Ni un lápiz que no se sepa su procedencia se puede aceptar! Pero cuando el problema ha avanzado, si no procede a parar el comportamiento, es posible que revertir la conducta sea muy difícil. Igual en una escuela. Un celular “desaparecido” no es una tontería, y si el hecho se repite y las autoridades no toman medidas al igual que con las amenazas y armas blancas o de fuego en los morrales, no se puede cerrar los ojos y mirar a la acera de enfrente. ¿A dónde acudir? ¿Cuáles son los primeros auxilios y cuáles los segundos pasos?
Es un problema complejo y por eso no puede ser solucionado con medidas unidimensionales y menos simplistas. Pero por el hecho de ser complejo no significa que deban diluirse las responsabilidades. Familia, escuela-sociedad y Estado, como dice la Lopnna, solo que vemos a las familias y a la escuela muy solos frente al problema.
Nos parece que se ha dejado correr la arruga mucho tiempo. Todavía en Ciudad Guayana se recuerda el caso de Dieguito, un adolescente muerto cuando cumplió 12 años y a esa edad ya había matado a unos cuantos, desde los 8 o 9 años andaba atracando con pistola en mano. Era detenido y luego devuelto a su casa, y nunca supimos que hizo el Estado para atender a una familia en peligro. Su madre no podía con él, y probablemente tampoco con sus otros 6 hijos. ¿Fueron apresados los adultos que le suministraban armas y lo enseñaron a delinquir? ¿A dónde hubiera podido ir la madre para que su hijo se reeducara antes de los 12? No hay quien atienda a esta población, es la verdad. Tal vez se hubiera salvado y tal vez no hubiera seguido matando en una edad para jugar fútbol.
Lo anterior viene a cuento porque en estos días se ha estado discutiendo la reforma de la Lopnna precisamente en los articulados que tiene que ver con la responsabilidad penal del adolescente. Según leímos en prensa, el viceministro de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Ramón García, propuso que se elevara a 10 años la pena para esta población cuando cometen delitos graves. Argumentó la autoridad que su despacho -que depende del Ministerio de Asuntos penitenciarios- está preparado para afrontar el incremento de adolescentes.
No sé si subir a 10 años la pena es la respuesta. Tampoco sé si se ha reflexionado lo suficiente el problema con gente que lleva años trabajando con niños y adolescentes en situación de riesgo. Veo poco la palabra “prevención”, veo poco diálogo con especialistas y este no es un asunto que se pueda abordar solo con buena voluntad. Medidas improvisadas pueden agravar el problema.
Esperamos que la discusión que se ha abierto se sostenga para ver todas las aristas del problema y no haya que esperar algún caso doloroso para ponerlo sobre la mesa de nuevo. Ya tenemos suficientes víctimas como para mantener encendida la luz de alarma, porque los victimarios adolescentes y sus familias también son víctimas.
Fuente: Correo del Caroní
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¿Qué hace una madre cuando sospecha o sabe que su hijo anda “en malos pasos”? ¿Qué hace si empieza a ver objetos en su casa que no han sido comprados por los padres? En un primer momento puede obligar al chico a confesar y devolverlo, para que sepa que los actos tienen consecuencias. Es lo adecuado. ¡Ni un lápiz que no se sepa su procedencia se puede aceptar! Pero cuando el problema ha avanzado, si no procede a parar el comportamiento, es posible que revertir la conducta sea muy difícil. Igual en una escuela. Un celular “desaparecido” no es una tontería, y si el hecho se repite y las autoridades no toman medidas al igual que con las amenazas y armas blancas o de fuego en los morrales, no se puede cerrar los ojos y mirar a la acera de enfrente. ¿A dónde acudir? ¿Cuáles son los primeros auxilios y cuáles los segundos pasos?
Es un problema complejo y por eso no puede ser solucionado con medidas unidimensionales y menos simplistas. Pero por el hecho de ser complejo no significa que deban diluirse las responsabilidades. Familia, escuela-sociedad y Estado, como dice la Lopnna, solo que vemos a las familias y a la escuela muy solos frente al problema.
Nos parece que se ha dejado correr la arruga mucho tiempo. Todavía en Ciudad Guayana se recuerda el caso de Dieguito, un adolescente muerto cuando cumplió 12 años y a esa edad ya había matado a unos cuantos, desde los 8 o 9 años andaba atracando con pistola en mano. Era detenido y luego devuelto a su casa, y nunca supimos que hizo el Estado para atender a una familia en peligro. Su madre no podía con él, y probablemente tampoco con sus otros 6 hijos. ¿Fueron apresados los adultos que le suministraban armas y lo enseñaron a delinquir? ¿A dónde hubiera podido ir la madre para que su hijo se reeducara antes de los 12? No hay quien atienda a esta población, es la verdad. Tal vez se hubiera salvado y tal vez no hubiera seguido matando en una edad para jugar fútbol.
Lo anterior viene a cuento porque en estos días se ha estado discutiendo la reforma de la Lopnna precisamente en los articulados que tiene que ver con la responsabilidad penal del adolescente. Según leímos en prensa, el viceministro de Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Ramón García, propuso que se elevara a 10 años la pena para esta población cuando cometen delitos graves. Argumentó la autoridad que su despacho -que depende del Ministerio de Asuntos penitenciarios- está preparado para afrontar el incremento de adolescentes.
No sé si subir a 10 años la pena es la respuesta. Tampoco sé si se ha reflexionado lo suficiente el problema con gente que lleva años trabajando con niños y adolescentes en situación de riesgo. Veo poco la palabra “prevención”, veo poco diálogo con especialistas y este no es un asunto que se pueda abordar solo con buena voluntad. Medidas improvisadas pueden agravar el problema.
Esperamos que la discusión que se ha abierto se sostenga para ver todas las aristas del problema y no haya que esperar algún caso doloroso para ponerlo sobre la mesa de nuevo. Ya tenemos suficientes víctimas como para mantener encendida la luz de alarma, porque los victimarios adolescentes y sus familias también son víctimas.
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